Contexto Nacional Mexicano
Ubicación y demografía
México, un país ubicado en América del Norte que comparte fronteras con los Estados Unidos al norte y con Guatemala y Belice al sur, está compuesto por 32 estados y una población de 119,938,473 personas, a partir de 2015. México es el hogar de la undécima economía más fuerte del mundo en 2018. A pesar de su aparente fortaleza económica, México ha tenido un desempeño inferior en términos de crecimiento económico y reducción de la pobreza. Un sorprendente 48.8% de las personas en México vive por debajo del umbral de pobreza. Si bien la economía de México lo ubica entre los países con mejor desempeño del mundo, la calidad de vida de sus ciudadanos no es comparable a la de otras naciones ricas y desarrolladas.
Gobierno de México
El gobierno mexicano es una democracia electoral en la que los ciudadanos participan en elecciones regulares que determinan el liderazgo nacional, regional y local. Al igual que el de los Estados Unidos, el gobierno de México está compuesto por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Sin embargo, mientras que el Poder Ejecutivo Federal está encabezado por un presidente electo como en los EE. UU., En México, esta persona es elegible para servir solo por un período de seis años, sin posibilidad de reelección. También distinto del contexto estadounidense es la pluralidad de partidos políticos que caracterizan la política mexicana. En lugar de ser un sistema esencialmente bipartidista, la política nacional mexicana se caracteriza por una diversidad de partidos, muchos de los cuales se han formado en los últimos años, dado el estricto control del país bajo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 1929 a 1989. Recién en 2000 este partido perdió el control de la presidencia federal (Open Society Justice Initiative, 2016).
El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ganó este cargo gracias al apoyo de la coalición “Juntos haremos historia”, integrada por su propio partido político, [Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)], así como el Partido de Trabajo y el Partido Encuentro Social.
Relaciones internacionales de México y compromiso con los derechos humanos
El perfil diplomático de México se caracteriza por la voluntad de colaborar, participar y recibir retroalimentación de organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU), especialmente en programas que buscan promover los derechos humanos. México tiene una invitación permanente a todos los procedimientos especiales temáticos de la ONU y, desde 1997, México ha recibido visitas de 61 relatores y mecanismos especiales de la ONU. En 2013 y 2015, recibió visitas de alto nivel del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. México demuestra su apoyo a la ONU y la lucha por los derechos humanos a través de las contribuciones financieras realizadas a esta organización y es el décimo mayor contribuyente financiero de la ONU y aboga constantemente por aumentar el presupuesto que esta organización destina al trabajo de derechos humanos.
De hecho, desde 2002, México ha albergado una oficina de campo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que monitorea las preocupaciones de derechos humanos en el país, brinda asistencia técnica y servicios de asesoría al Estado mexicano. Además de recibir visitas de miembros de la ONU, México ha liderado y participado en el Consejo de Derechos Humanos, tanto durante los períodos 2006-2009 como 2009-2012. En estos años, México hizo campaña por la creación del Consejo de Derechos Humanos como un organismo que promueve y protege los derechos humanos. México también ha hecho campaña para lograr una mayor inclusión y apoyo de ONGs, grupos de la sociedad civil y organizaciones nacionales de derechos humanos en las operaciones del Consejo. Es importante destacar que México ha abogado por el diálogo abierto entre las naciones participantes y la evaluación matizada de las cuestiones de derechos humanos en todo el mundo. Como parte de su compromiso con la transparencia y el diálogo abierto, los funcionarios mexicanos, en su trabajo con el Consejo de Derechos Humanos, han abogado por la implementación del examen periódico universal como una herramienta para la colaboración efectiva entre los participantes del Consejo.
De acuerdo con su compromiso con la protección y defensa de los derechos humanos, México ha ratificado todos los principales tratados internacionales de derechos humanos, incluidos los dos Pactos (1981), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1986), la Convención Para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas (2008) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1981).
Además, México reformó su constitución en 2011 para aumentar la protección y el reconocimiento de los derechos humanos en armonía con sus obligaciones internacionales. Esta reforma incluye el respeto a los derechos humanos como principio de política exterior, el fortalecimiento de las competencias de las entidades protectoras de derechos humanos en México y la creación de un marco normativo general para su política de derechos humanos. Esta reforma también reconoce el derecho de toda persona a alimentos nutritivos y de calidad y la responsabilidad del estado de garantizar este derecho. Tanto en el país como en el extranjero, el gobierno mexicano se ha calificado a sí mismo como uno que está en sintonía con la realización y protección de los derechos humanos.
Seguridad mexicana y desapariciones
A pesar de su compromiso con las instituciones y obligaciones de derechos humanos, los últimos catorce años en México han estado plagados de violencia generalizada. Por ejemplo, usando cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Proyecto Justicia en México de la Universidad de San Diego reportó una disminución constante en el número de homicidios intencionales reportados en la década de 1990 hasta principios de la década de 2000, seguido de dos aumentos abruptos de 2008 a 2011 y desde 2015 hasta la actualidad. El Proyecto informó que para 2019, el gobierno mexicano reportó un total nacional de 34,588 víctimas de homicidio, un nuevo récord, que supera las 33,742 víctimas individuales reportadas en 2018, que había establecido el récord anterior.
La militarización de la seguridad nacional se ha señalado como una de las fuerzas detrás del aumento de la violencia. Las denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tortura y malos tratos se cuadriplicaron en los seis años posteriores a la implementación de la seguridad militarizada en México (Open Justice Society, 2016). En lugar de socavar la integridad de los cárteles de la droga mediante la remoción de sus líderes y fondos, las intervenciones emprendidas por los funcionarios de seguridad mexicanos llevaron a abusos perpetrados por oficiales militares contra personas y al inicio de guerras entre los cárteles de la droga que buscan llenar los vacíos de poder creados a raíz de decapitaciones de carteles. Los civiles, atrapados en medio de las guerras contra las drogas y las nuevas guerras de cárteles, han sido víctimas de la violencia resultante; el aumento de desapariciones y estas muertes refleja esta sombría realidad.
Impunidad en México: falta de acceso a la justicia
Las desapariciones y asesinatos cometidos en México ocurren en un contexto de impunidad o falta de rendición de cuentas por los delitos. El país se encuentra repetidamente entre los 10 países con mayor nivel de impunidad. México ocupó el puesto 60 de 69 países en el Índice Global de Impunidad 2020. El índice mide los sistemas de seguridad, justicia, protección de los derechos humanos y la capacidad estructural para llegar a su clasificación. La impunidad erosiona el estado de derecho y la confianza de los ciudadanos en las instituciones y agrava las consecuencias de la inseguridad, la violencia o la corrupción.
El Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México analizó 28 sentencias relacionadas con desapariciones entre 2005 y 2019, 15 procesamientos federales y 13 locales. El Observatorio buscó darle la vuelta a la cuestión de la impunidad, para aprender lo que pudiera de este pequeño número de enjuiciamientos exitosos sobre el acceso a la justicia en casos de desaparición.
Según Sandra Serrano, en materia de acceso a la justicia, el grueso de las sentencias sobre desapariciones en México no buscaba dar verdad sobre los hechos ni lograr la rendición de cuentas de los distintos perpetradores. Muchas de las sentencias encapsulaban la desaparición de una persona como si hubiera ocurrido como un caso singular, alejado del amplio contexto de desapariciones en el país. Los hechos de los casos no guardan relación con la violencia producida por militares, marineros y fuerzas de seguridad del Estado, ni por diversos grupos criminales. La actuación de los servidores públicos condenados por desaparición forzada no estuvo vinculada a las estructuras estatales criminales estructurales ni al Estado al que sirven. La historia que cuentan la mayoría de los juicios es la de las desapariciones ocurrieron por "accidente", por unas cuantas manzanas podridas, por agentes estatales vinculados (individualmente) a grupos criminales o incluso por militares cumpliendo con su deber de mantener la seguridad.
México y Estados Unidos
Además de colaborar con organismos internacionales como la ONU en la protección de los derechos humanos, México ha mantenido una relación de colaboración con Estados Unidos en temas de seguridad y economía.
El TLCAN, o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es quizás el tratado más notable firmado por Estados Unidos y México en los últimos años y ha transformado no sólo las economías de ambas naciones, sino también su demografía. Conduciendo a la industrialización del norte de México y la destrucción de su sector agrícola, el TLCAN puede ser identificado, en parte, como responsable de la migración vista tanto dentro de este país como a través de sus fronteras, ya que los agricultores sin trabajo buscan trabajo en el norte. La economía mexicana ha podido incrementar sus exportaciones de productos manufacturados bajo la implementación del TLCAN, no se ha visto un vínculo claro entre la apertura de México, la exportación y su desarrollo económico.
Además de colaborar en temas económicos, México y Estados Unidos han colaborado en el siglo XX en temas de seguridad transnacional. Firmada en 2008 por los expresidentes George W. Bush y Felipe Calderón, la Iniciativa Mérida marcó un punto importante en el desarrollo de la relación entre Estados Unidos y México. Redactado en un intento por gestionar y detener el mercado de las drogas ilícitas, este acuerdo ha funcionado para resaltar la responsabilidad compartida que tienen Estados Unidos y México en el manejo de los cárteles de la droga y la violencia que perpetúan.
La Iniciativa fue diseñada y ejecutada en un contexto de seguridad militarizada en México; un marco construido e implementado bajo la administración de Calderón en 2006. La militarización de la seguridad interna se ha emprendido en un esfuerzo por combatir los cárteles de la droga en México a través de su "decapitación", que se refiere a la remoción de los líderes y recursos del cártel (Ansolabehere, Frey, et al., 2018).
Por lo tanto, la Iniciativa Mérida funciona como un complemento a las medidas de seguridad interna que se están tomando en México, ya que proporciona al gobierno mexicano $ 2.8 mil millones en fondos estadounidenses en forma de helicópteros, tecnología y armamento. Esta iniciativa, cuyo enfoque es la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, ha provocado la muerte de unas 70.000 personas y la desaparición de 23.000 más.
Si bien el Plan Mérida sigue vigente hoy, la administración de AMLO se ha pronunciado en contra de su presencia continua en la sociedad mexicana y ha abogado por su discontinuación. AMLO ha criticado el énfasis que este plan pone en la militarización de la sociedad mexicana y la seguridad, destacando que el apoyo que México necesita de Estados Unidos tiene que ver con el desarrollo interno, no con la militarización de la seguridad.
