Desapariciones en México

large group of protestors

Hay una crisis de desapariciones forzadas de personas en México. El gobierno mexicano ha admitido la existencia de más de 80.000 personas desaparecidas o no localizadas en el país—un número que crece diariamente de forma literal. La desaparición de cada una de estas personas no sólo viola sus derechos humanos—a la vida, a la libertad de detenciones arbitrarias y torturas, y ser reconocidos por la ley—pero este acto abominable viola los derechos de sus familias y causa un trauma profundo en comunidades mexicanas. El propio Subsecretario de Derechos Humanos del gobierno mexicano ha notado que México es una enorme tumba clandestina. 

La crisis de desapariciones se ha desplegado como parte de un patrón mayor de violencia criminal en México, impulsada por las actividades del crimen organizado y el involucramiento, apoyo, o aquiescencia de actores estatales en esas actividades criminales. Las desapariciones ocurren frecuentemente con la intervención directa e indirecta de agentes gubernamentales. Estos actores estatales podrían corresponder a una parte de una red de macro-criminalidad en donde se promueven los fines del crimen organizado. Aún cuando el Estado no esté directamente involucrado con una desaparición, tiene una responsabilidad positiva de prevenir y castigar a los perpetradores y también de buscar a los desaparecidos.

Según Payne y Ansolabehere, existen cuatro lógicas que explican la persistencia de las desapariciones en un Estado post-transicional como México: su naturaleza clandestina, la construcción de personas “desechables”, la utilidad de la política económica, y la perdida ambigua como control social. 

El contexto de impunidad en México ha contribuido a la crisis de desapariciones. La falta de información sobre desapariciones es usada para justificar la falta de rendición de cuentas y justicia, un caldo de cultivo para la violencia sin obstáculos. Al mirar estos casos más de cerca, sin embargo, se demuestra que oficiales gubernamentales rara vez investigan las desapariciones de una manera oportuna y efectiva como la ley lo requiere, o siquiera hacen un mínimo esfuerzo para encontrar el paradero de los desaparecidos. Esto se puede deber a la dificultad de tal investigación o al miedo a llevarla a cabo en un contexto de crímenes violentos. De forma alternativa, la falta de búsqueda o investigación ha sido usada para encubrir el involucramiento de los mismos agentes estatales. 

Debido a la falta de investigación por parte del gobierno, muchas familias de desaparecidos han tomado ellas mismas la carga de buscar a sus seres queridos. Colectivos de miembros familiares, como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecido (FUNDEC) y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), discutidos en este estudio, se han convertido en firmes defensores por la justicia y rendición de cuentas. Después de una década de crímenes y números acumulados de casos de desapariciones, la presión colectiva de estas familias de los desaparecidos y ONGs nacionales e internacionales conllevaron a la adopción de la  Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en 2017. Este nuevo marco legal condujo a una respuesta gubernamental más comprometida dirigida por la Comisión Nacional de Búsqueda de desaparecidos. 

A pesar de los esfuerzos de algunas ramas del gobierno mexicano para buscar e investigar, la crisis de desapariciones continúa.